El diputado provincial Fernando Pérez (UCR) ingresó el pasado martes un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial explique el actual funcionamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense, las medidas que se han tomado antes y luego de todas las fugas registradas en el ultimo año y el destino dado tanto a los fugados recapturados como a los agentes que debieron custodiarlos. “Hay total ausencia de estadísticas oficiales actualizadas”, denunció.
“Las informaciones sobre fugas de presos encausados y de detenidos que permanecen alojados en comisarías, sumado a los testimonios de funcionarios y ex presos que relatan situaciones de connivencia que abonan fugas e incluso, verdaderas organizaciones que los vinculan para la comisión del delito extra muros, obligan a poner la mirada en esa dependencia, a la que ninguna política de saneamiento ni “purga”, alcanzó jamás”, expresó el diputado que añadió que “La ultima información disponible emanada de la Subsecretaría de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires a disposición de ser consultada, alcanza datos que llegan hasta los años 2011/2012.”
“Hubo en 2013 un promedio de diez presos por mes que lograron fugar, aun en establecimientos considerados de máxima seguridad, la mayoría en Buenos Aires”, explicó Pérez.
“El secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, acaba de afirmar que “El 99% de las fugas están pagadas”, ante eso, hay que reaccionar, y no cambiando figuritas, sino haciendo cirugía mayor”, señaló.
El pedido
Pérez pidió que el Ejecutivo responda 13 puntos entre los que se destacan “Estadística de fugas en la etapa 2013 y 2014; cantidad de fugados recapturados en la etapa de referencia y destino al que fueron reconducidos, situación en la que se encuentra el personal afectado al control de cada uno de los fugados. Cantidad y resultado de todos los sumarios iniciados para cada uno de los que fueran identificados en el punto anterior y cantidad de personal que hubiera resultado sancionado y/o separado de sus funciones a resultas de las conclusiones a las que se hubiera arribado en el punto anterior, informando si existen casos en los que hubieran sido reubicados en alguna otra área de la administración pública provincial.”
Más adelante, se pidió saber “El funcionamiento actual del programa “Casas por cárceles”, indicando infraestructura actual, cantidad de plazas, formas de asignación, programas especiales a los que estén sujetos quienes resultan beneficiarios de ese sistema y balances que se hubieran generado sobre su resultado.
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